No nos van a callar (hoy, ante la Subdelegación del Gobierno)

Los poderes públicos pretenden cercenar radicalmente el derecho de huelga. No es una novedad, pero sí se trata de la amenaza más seria contra este derecho constitucional en 35 años de democracia. ¿Cómo lo quieren hacer? Mediante una gran ofensiva penal contra el derecho de huelga: actualmente, hay 200 sindicalistas inmersos en procesos administrativos y penales que les han sido incoados por participar en la convocatoria y organización de huelgas generales.

Ya digo que no es una novedad que intenten criminalizar a las y a los sindicalistas y a sus organizaciones pero, en esta ocasión, la gravedad de la agresión aumenta por el momento en que se produce: en un contexto generalizado de retrocesos democráticos. La ofensiva contra el derecho de huelga es una parte más de las iniciativas emprendidas para cercenar las libertades públicas y limitar los derechos ciudadanos; igual que lo son las reformas introducidas en el Código Penal o de Seguridad Ciudadana, o la negación de la gratuidad en el acceso a la Justicia…

La huelga es un instrumento democrático de presión, con cauces institucionales establecidos en las sociedades democráticas, y es un derecho reconocido a los sindicatos (artículo 7 de la Constitución). ¿Qué sería de un sindicato sin el recurso de ejercitar el derecho de huelga? ¿Qué sería de una sociedad en la que este derecho no existe o está -mediante procesos penales, como se pretende aquí y ahora- anulado en la práctica?

No nos van a callar ante esta sarta de procesos emprendidos contra cientos de sindicalistas. Hoy, miércoles 9 de julio, junto con las compañeras y compañeros de CCOO, vamos de dejar bien clara la defensa de nuestros derechos en una concentración ante la subdelegación del Gobierno. Por mucho que lo intenten, no nos van a callar.